La Contraloría General de la República ordenó el cierre de la Indagación Preliminar, correspondiente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, recomendando la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal en contra de servidores públicos y contratistas individualizados en la providencia que concluyó las averiguaciones.

En la providencia señalada, la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad concluyó la Indagación Preliminar ordenada como respuesta a denuncias ciudadanas, y a las observaciones presentadas por el Director General del INPEC  al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, sobre las deficiencias en la ejecución del contrato 0321 de 2014, para la prestación del servicio de vigilancia electrónica (SVE) para reclusos en prisión domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional.

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, $201 millones de daño patrimonial correspondieron a la suma de períodos pagados por beneficiarios que en las mismas bases de datos se reportaban como “Apagados” o “Revisión técnica” desde períodos anteriores, sin que existiera evidencia de la superación de su estado fuera de servicio. Debido a que el daño probado se extrajo de la aplicación de la fórmula a una muestra selectiva de los registros presentes en las 16 facturas que soportaron los pagos, el monto puede incrementarse en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal.

Los restantes $45 millones se ocasionaron por la forma en que se contabilizaron las novedades dentro de un mismo periodo, que llevaron a que siempre se pagara un día de más al contratista, sin que el mismo se hubiera causado. Esto se derivó de la metodología empleada de reconocer todo el periodo y luego por la novedad que correspondiera, descontar los mismos días, pagando el mismo día en que se causó la novedad.  

Otras de las observaciones presentadas por el Órgano de Control en la providencia de cierre, consistieron en los reiterados incumplimientos por parte del contratista, en el tiempo de respuesta pactado para la atención de las novedades técnicas de los equipos de monitoreo, pues siendo este de 48 horas, se evidenciaron equipos fuera de servicio por meses completos, sin que existieran acciones correctivas por exigencia de la supervisión contractual.

El proyecto de vigilancia electrónica, contratado desde 2011 con la misma empresa, demandaba un número mínimo de 4.400 equipos en operación, número que nunca se alcanzó durante la vigencia del contrato 0321 de 2014, materia de la indagación preliminar, por lo que tales circunstancias, al presentarse como deficiencias en la ejecución contractual de la USPEC, serán materia de traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes.